SEMINARIO DE DERECHO LOCAL
INFORME EN MATERIA DE BIENES LOCALES

Eloy Colom Piazuelo
Prof. Tit. Univ. Zaragoza
18-03-2010

SUMARIO
I. NOVEDADES NORMATIVAS

1. Estado
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.

2. Comunidades Autónomas.
B) Cataluña
- Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas de 2010.
C) Galicia
- Ley 8/2009, de 22 de diciembre, reguladora del aprovechamiento eólico en Galicia y que crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental
- Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
D) Andalucía
- Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, que modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior
G) La Rioja
- Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
J) Aragon
- Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos
K) Castilla- La Mancha
- Ley 7/2009, de 17 de diciembre, que modifica diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior
M) Navarra
- Ley foral 1/2010, de 23 de febrero, por la que se declara de utilidad pública y aprueba la desafectación de 155 hectáreas pertenecientes al Ayuntamiento de Peralta.
N) Extremadura
- Ley 7/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las normas reguladoras sobre enajenación de viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
O) Islas Baleares.
- Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010
P) Madrid
- Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de medidas liberalizadoras y de apoyo a la empresa madrileña.
Q) Castilla y León
- Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de impulso de las actividades de servicios en Castilla y León.
- Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de medidas financieras.

II. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

3. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
D) Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 
- STSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, núm 246/2009, de 3 de marzo, JUR\2009\386654
H) Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
- STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, núm 132/2009, de 20 de febrero, JUR\2009\188675.
- STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, núm 151/2009, de 27 de febrero, JUR\2009\197039

. 

I) NOVEDADES NORMATIVAS
1.- Estado.
Desde el anterior informe fechado en noviembre de 2010 hasta el momento no se ha aprobado por el Estado ninguna norma que de forma directa y sistemática regule el patrimonio local. No obstante, sí que ha aparecido alguna norma que tiene una incidencia parcial en el ámbito patrimonial local, tal y como se puede apreciar a continuación.
Se trata de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley que propiamente no regula la utilización de los bienes públicos, si bien ciertas actividades se realizan habitualmente en los mismos, por lo que tiene incidencia. En dicha norma se parte de la libertad de establecimiento y el carácter excepcional de la necesidad de autorizaciones, así como la sustitución, salvo ciertos casos, del régimen tradicional de autorizaciones por la comunicación o declaración responsable mediante la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad. No obstante, quedan excluidos del ámbito de dicha norma los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y servicios asociados en lo que se refiere a las materias que se rigen por la legislación sobre comunicaciones electrónicas, y los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los transportes urbanos.
Lo que se entiende por declaración responsable y comunicación aparece en el nuevo art. 71 bis de la Ley 30/1992, introducido por el art. 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio:
«Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica».
Esta sustitución de las autorizaciones tradicionales por las de comunicaciones o declaraciones responsables ha llevado a que en la Disposición adicional quinta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se establezca que cuando, de acuerdo con esta Ley, se indique que cuando se exija una declaración responsable o una comunicación para el acceso a una actividad o su ejercicio y una evaluación de impacto ambiental, conforme al Texto Refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos de 2008 o a la normativa autonómica de desarrollo, la declaración responsable o la comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite.
La Ley 25/2009 estatal que se está comentando modifica numerosas normas y, entre ellas, modifica en su art. 29 la Ley de caza estatal de 1970. En concreto, se deroga el art. 15.5, los apartados 3 y 6 del art. 18, el art. 34.5 y el último inciso del apartado del art. 18 “a todos los españoles que lo deseen”. Tales modificaciones afectan a las restricciones del derecho a cazar contenidas en la citada Ley que beneficiaban a los españoles o residentes de determinadas zonas o determinados grupos de personas y diversos aspectos relativos a denegaciones de autorizaciones de constitución de cotos de caza.
A continuación, la misma Ley 25/2009 modifica diversas leyes que regulan propiedades públicas y, en particular, las de de las vías pecuarias, aguas, montes y patrimonio natural y de la biodiversidad, para sustituir el régimen tradicional de autorizaciones por el de declaración responsable previa.
La primera de las leyes afectadas por la Ley 25/2009, art. 31,  es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, y sus arts. 16.1, 17.2 y determinados apartados del art. 21.3. La reforma persigue sustituir la autorización para la circulación de vehículos motorizados vinculados a una actividad de servicios o para el establecimiento de instalaciones desmontables por una declaración responsable que previamente debe presentarse ante la Comunidad Autónoma. No obstante, esta sustitución no procede en todos los supuestos, puesto que si las vías pecuarias atraviesen zonas consideradas de monte o de influencia forestal, especialmente en épocas de riesgo de incendios forestales, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá exigir una autorización en los términos expresados en la normativa forestal.
La segunda de las leyes reformadas por el art. 33 de la Ley 25/2009 es la Ley de Aguas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Se da nueva redacción a los arts. 51, 78, y apartados i) y j) del art. 116.3 para sustituir el régimen de autorización de los usos comunes especiales por la declaración responsable.
En concreto, en los arts. 51 y 78  se dice lo siguiente: 
«Artículo 51. Usos comunes especiales sujetos a declaración responsable.
1. El ejercicio de los siguientes usos comunes especiales requerirá previa declaración responsable:
a) La navegación y flotación.
b) El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.
c) Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.
2. La declaración responsable, a la que se refiere el artículo 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, deberá presentarse con un período mínimo de antelación de quince días, para que pueda comprobarse la compatibilidad de dichos usos con los fines del dominio público hidráulico».
«Artículo 78. Navegación recreativa en embalses.
La navegación recreativa en embalses requerirá una declaración responsable previa a su ejercicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración pueda verificar su compatibilidad con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique».
La tercera de las leyes reformada por el art. 34 de la Ley 25/2009 es la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Se da nueva redacción al art. 15.5 para regular los principios de otorgamiento de las autorizaciones, en los términos que se indican a continuación:
«5. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo,
b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.
Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medioambiente.
La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él».
Y la cuarta de las leyes reformadas por el art. 36 de la Ley 25/2009 es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se da nueva redacción a los arts. 58.4 y 72.2. Desde la perspectiva de la propiedades públicas interesa la nueva regulación contenida en el art. 72.2: 
«2. La Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en espacios naturales, podrá llevar a cabo el desarrollo de los acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial de los mismos a entidades de custodia del territorio. La selección de estas entidades se llevará a cabo de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Los acuerdos para la cesión de la gestión tendrán una duración limitada de acuerdo con sus características, y no darán lugar a renovación automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el anterior cesionario ni para personas vinculadas a él.
Estos acuerdos para la cesión de la gestión, se establecerán por escrito, en forma de convenio administrativo plurianual que preverá el sistema de financiación para su desarrollo, bien mediante aportaciones económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier otro bien o servicio, así como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un precedente plan de gestión».
Al margen de las modificaciones de leyes reguladoras sobre propiedades públicas, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, comentada también modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. La nueva redacción del art. 4 b), que afecta a las propiedades públicas locales, es la siguiente:
«b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del tabaco sólo podrán ubicarse en el interior de quioscos de prensa situados en la vía pública y en locales específicos de venta de prensa con acceso directo a la vía pública, así como en aquellos a los que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 8.1 en una localización que permita la vigilancia directa y permanente de su uso por parte del titular del local o de sus trabajadores.
No se podrán ubicar en las áreas anexas o de acceso previo a los locales, como son las zonas de cortavientos, porches, pórticos, pasillos de centros comerciales, vestíbulos, distribuidores, escaleras, soportales o lugares similares que puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen propiamente el interior de éste».
Debe advertirse que este precepto ha vuelto de nuevo a modificarse con posterioridad por la Disposición final tercera de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. La modificación consiste en añadir en el primer párrafo del precepto transcrito la referencia al interior de locales, centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar
Finalmente, la Ley 25/2009 que se comenta introduce modificaciones en la regulación del silencio administrativo contenida en la Ley 30/1992, que afectan a todos los procedimientos administrativos y también a los tramitados en el ámbito de las propiedades públicas. En concreto, la nueva redacción dada al art. 43 de la Ley 30/1992, por el art. 3 de la Ley 25/2009 es la siguiente:
«Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días».
Es preciso indicar que en la Disposición adicional cuarta de la Ley 25/2009 comentada se establece que a los efectos previstos en el primer párrafo del art. 43.1 de la Ley 30/1992, de acuerdo con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por normas con rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.
Al margen de la Ley 25/2009 cuyo contenido se acaba de comenta y como última norma estatal a la que se hace referencia, es necesario mencionar la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. En la nueva redacción dada al art. 54, dedicado a la venta ambulante, se dice que corresponderá a los Ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de competencias. No obstante lo anterior, y puesto que el número de autorizaciones disponibles es limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso; y la autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas que estén especialmente vinculadas con él.

2.- Comunidades Autónomas.
Con carácter general debe señalarse que desde noviembre de 2009 no se han aprobado normas que regulen directamente y sistemáticamente el patrimonio local, si bien han aparecido normas sectoriales diversas que inciden en su regulación.

B) Cataluña.
Se ha aprobado la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas de 2010. En su art. 41 se contienen determinadas modificaciones de la Ley de Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, del 24 de diciembre, relativas a la desafectación y venta de bienes de la Administración autonómica. También en sus arts. 48 y ss. se modifican diversos preceptos del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, afectando a ciertas previsiones de las enajenación del patrimonio municipal del suelo y la obligación de inclusión de cláusulas de reversión.

C) Galicia.
Se ha aprobado la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. En su art. 17 se añade una nueva Disposición adicional cuarta  de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en la que se dice lo siguiente: 
«Disposición adicional cuarta. 
Los procedimientos de autorización regulados en la presente Ley para actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales habrán de respetar los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará, además, el principio de concurrencia competitiva en los supuestos siguientes: 
a) Cuando se trate de una actividad de servicios que promueva la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo. 
b) Cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros. 
Los criterios en que se basará la autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio ambiente. 
La duración de dichas autorizaciones será limitada de acuerdo con sus características y no dará lugar a la renovación automática ni a la ventaja a favor del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él». 
También se ha aprobado la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, reguladora del aprovechamiento eólico en Galicia y que crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. En sus arts. 44 y 45 se regulan las especialidades expropiatorias aplicables a esta clase de instalaciones y, en los casos en que concurran varios fines de utilidad pública sobre un mismo terreno, la declaración de compatibilidad o de prevalencia de la infraestructura que sea prioritaria.

D) Andalucía.
Se ha aprobado el Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, que modifica diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior
En el art. 2 de dicho Decreto-Ley se modifican, entre otros artículos de  la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, los siguientes referidos a las ventas ambulantes en suelo público:
«Artículo 3. Autorización Municipal. 
1. El ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2, al desarrollarse en suelo público, queda sometido a autorización previa. 
Corresponderá a los Ayuntamientos el otorgamiento de la autorización así como establecer el procedimiento para la concesión de la misma, garantizando la incorporación de los informes preceptivos exigidos por la legislación administrativa especial, la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. 
La duración de la autorización podrá ser de uno a cuatro años, con el fin de permitir a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. 
2. En las autorizaciones expedidas por los Ayuntamientos se hará constar: 
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad. 
b) La duración de la autorización. 
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada. 
d) La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad. 
e) El tamaño, ubicación y estructura de los puestos donde se va a realizar la actividad comercial. 
f) Los productos autorizados para su comercialización. 
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios permitidos. 
3. Los Ayuntamientos deberán verificar que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la autorización municipal están dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. 
4. Las personas físicas o jurídicas, que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial. Además, en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos. 
5. Los Ayuntamientos habrán de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual de las autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del comercio ambulante. 
6. Los Ayuntamientos entregarán a las personas físicas o jurídicas que hayan autorizado para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización.» 
«Artículo 4. Ordenanzas Municipales. 
1. Los Municipios donde se lleve a cabo el ejercicio del comercio ambulante deberán contar con una Ordenanza reguladora de la actividad que desarrolle los preceptos recogidos en la presente ley. 
2. Las Ordenanzas municipales podrán establecer el régimen interno de funcionamiento de los mercadillos y, en todo caso, habrán de contemplar: 
a) Las modalidades de comercio ambulante que se puedan realizar en los espacios públicos de su municipio. 
b) La duración de la autorización. 
c) Los lugares donde se puede realizar la actividad. 
d) Las fechas y horarios autorizados. 
e) El número, tamaño, estructura y localización de los puestos. 
f) Las tasas que en su caso puedan establecer los ayuntamientos para la tramitación de las licencias que autoricen el ejercicio del comercio ambulante en su municipio. 
g) El procedimiento para el otorgamiento de la autorización en el que se den las garantías recogidas en el apartado 1 del artículo 3 de la presente ley. 
3. Las Ordenanzas Municipales y sus modificaciones, antes de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial correspondiente, habrán de ser informadas por el Consejo Andaluz de Comercio. El informe versará sobre su adecuación a las previsiones recogidas en la presente Ley y su normativa de aplicación y será preceptivo y no vinculante. No obstante, en caso de que la ordenanza se separe del criterio expresado en el informe, el Ayuntamiento deberá, mediante Resolución motivada y notificada al citado Consejo Andaluz de Comercio, indicar las razones de dicha discrepancia». 
También en el art. 7 del Decreto-Ley  comentado se modifican ciertos preceptos de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía, para sustituir el régimen de autorización por la comunicación:
«58.2. No se considera publicidad los carteles informativos autorizados por la Administración titular de la vía, o, en su caso, comunicados a ésta, en los términos que establece el apartado 7 de este artículo, y que se adecuen a las prescripciones siguientes: 
a) Señales de servicio. 
b) Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés general para los usuarios de las carreteras, ya sean culturales, medioambientales o turísticos, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo desde la carretera, siempre que no contengan, a su vez, mensajes publicitarios. 
c) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera. 
d) Rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de la actividad que se desarrolla en los mismos, siempre que estén situados sobre los inmuebles en que aquéllos tengan su sede o en sus accesos y no incluyan comunicación adicional alguna tendente a promover la contratación de los productos o servicios que ofrezcan.» 
«58.7. Fuera de la zona de dominio público, los interesados podrán colocar los rótulos de establecimientos mercantiles o industriales a que se refiere el apartado 2.d del presente artículo, previa comunicación a la Administración titular de la vía. Reglamentariamente podrá establecerse el régimen de instalación. 
La citada comunicación deberá cursarse con una antelación al menos de un mes de la fecha prevista para la actuación. 
En el supuesto de comunicación, la Administración tendrá un plazo preclusivo de un mes para denegar la actuación comunicada por razones de seguridad vial, sin perjuicio de las potestades administrativas de control y de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder.» 

G) La Rioja.
Se ha aprobado la Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. En su art. 46 se modifican determinados preceptos de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración local de La Rioja, y, en particular, se modifican los arts. 182.6 y 185.1:
«182.6. Cuando el aprovechamiento de los bienes de uso y de servicio público tenga por objeto el establecimiento o ejercicio de actividades de servicios por cuenta propia a cambio de una contraprestación económica, el régimen de autorización o concesión se sujetará a lo establecido en la normativa aplicable en relación al libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio». 
«185.11. Las entidades locales podrán establecer, mediante la correspondiente ordenanza, un régimen específico de los aprovechamientos derivados de sus bienes o derechos, incluidos, entre otros, los aprovechamientos micológicos, las plantas aromáticas, la caza, los pastos y otros semejantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182.6 de esta Ley y en la legislación sectorial correspondiente». 

J) Aragón.
Se ha aprobado la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos. En ella se regulan las especialidades organizativas de esta clase de Municipios. Por lo que respecta a los bienes en su art. 9 se establece que la asamblea podrá acordar la creación de una comisión que, integrada por el Alcalde y un máximo de cuatro de sus miembros, informará, con carácter previo a su resolución por la Asamblea, los asuntos de especial relevancia y, en todo caso, los presupuestos, las ordenanzas fiscales y las relativas al aprovechamiento de bienes; el nombramiento de los miembros de la Comisión informativa corresponderá al Alcalde, dando cuenta del mismo a la Asamblea.

K) Castilla-La Mancha.
Se ha aprobado la Ley 7/2009, de 17 de diciembre, que modifica diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. En concreto, en su art. 2 se modifica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha; y en su art. 3 la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla-La Mancha. Dichas reforma se corresponden con la nueva redacción dada por la Ley 25/2009 estatal a determinados preceptos de las Leyes de Montes y Vías Pecuarias.

M) Navarra.
Se ha aprobado la Ley foral 1/2010, de 23 de febrero, por la que se declara de utilidad pública y aprueba la desafectación de 155 hectáreas pertenecientes al Ayuntamiento de Peralta.

N) Extremadura.
Se ha aprobado la Ley 7/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las normas reguladoras sobre enajenación de viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

O) Islas Baleares.
Se ha aprobado la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010. En su Disposición final sexta se modifica la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, introduciendo una nueva disposición adicional en la que se incluye una regulación sobre la creación de un ente instrumental encargado de la gestión inmobiliaria de la Comunidad Autónoma. En particular en dicha Disposición se dice lo siguiente: 
«Disposición adicional cuarta 
Creación y régimen jurídico del ente instrumental encargado de la gestión inmobiliaria de la Comunidad Autónoma 
1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.b) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades Autónomas y Empresas Públicas y Vinculadas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cree una empresa pública de derecho público o autorice la creación o la modificación del objeto social de una empresa pública de derecho privado, para la gestión, la administración, la explotación, la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación, la vigilancia, la investigación, el inventario, la regularización, la mejora, la optimización, la valoración, la tasación y la adquisición o enajenación de los bienes y derechos integrantes o susceptibles de integrar el patrimonio de la Comunidad Autónoma u otros patrimonios públicos, así como para la construcción, la reforma y la promoción de edificaciones y otros inmuebles, por cuenta propia o de terceros, y para la gestión intermediaria de promoción de edificios y urbanizaciones para el desarrollo, en general, del tráfico o negocio inmobiliario. 
Este ente tendrá el carácter de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del resto de administraciones o entidades públicas que así lo acuerden para la gestión o la ejecución de cualquiera de las actividades antes citadas, siempre que, en el caso de que se trate de un ente con forma societaria, el capital social de éste sea íntegramente de titularidad pública. 
Asimismo, en el caso de que se trate de un ente de derecho privado, no podrá tener como objeto o finalidad ni, en consecuencia, se le podrán encomendar funciones inherentes a la gestión o ejecución de las actividades mencionadas en el primer párrafo de este apartado que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 
2. De acuerdo con ello, el ente a que se refiere el apartado anterior debe realizar los trabajos, los servicios, los estudios, los proyectos, las asistencias técnicas, las obras y el resto de actuaciones que le encomienden directamente la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el resto de administraciones públicas, así como cualquier otro ente instrumental de estas administraciones que, de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, deba considerarse como poder adjudicador. 
La encomienda, cuyo otorgamiento y ejecución han de regirse por esta disposición y, en su caso, por la legislación básica de contratos del sector público, ha de fijar la forma, los términos y las condiciones de los trabajos que haya de realizar el ente, bajo el principio general de libertad de pactos. Asimismo, la encomienda puede prever que el ente no actúe en nombre propio sino en nombre de la persona jurídica por cuya cuenta ha de realizarse la encomienda. En todo caso, la administración o entidad que realice la encomienda puede supervisar, en todo momento, que el objeto de la misma se gestione o se ejecute correctamente. 
3. El importe a pagar por los trabajos, los servicios, los estudios, los proyectos y el resto de actuaciones realizadas mediante este ente ha de determinarse aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que se hayan aprobado por la Administración de la Comunidad Autónoma, las cuales han de calcularse en función de los costes reales imputables a la ejecución de las encomiendas. La compensación que corresponda en los casos en que no haya tarifa ha de fijarse mediante una resolución de la persona titular de la consejería a la cual esté adscrito el ente. 
4. En relación con las actividades indicadas en el apartado 1 de esta disposición adicional, el ente no puede participar en ninguna licitación de contratación pública convocada por las administraciones o las entidades instrumentales de las que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador, se puede encomendar a dicho ente la actividad objeto de licitación pública».

P) Madrid.
Se ha aprobado la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de medidas liberalizadoras y de apoyo a la empresa madrileña. En su art. 8 se ha modificado la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos; y, en particular, se han modificado algunos de los plazos máximos y efectos de silencio de procedimientos que afectan a bienes locales; asimismo se establece que mediante Decreto, podrán reducirse los plazos de duración máxima de los procedimientos previstos en la Ley, siempre que no excedan de seis meses y modificar el efecto desestimatorio en estimatorio por la falta de de resolución expresa del plazo establecido.
En el art. 12 de la Ley 8/2009 comentada se modifica la Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. En el nuevo apartado 8 del art. 76 se dice que no tendrá la consideración de aprovechamiento la eliminación de arbolado ocasionada por la realización de una obra en terrenos forestales cuya titularidad y gestión no esté atribuida a la Comunidad de Madrid; dichas cortas no precisarán de autorización por parte de la Administración forestal si las obras que las ocasionan tienen su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y en el proyecto evaluado se explicitaba con precisión la corta a realizar». 

Q) Castilla y León.
Se ha aprobado el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de impulso de las actividades de servicios en Castilla y León. 
En su art. 4 se da una nueva redacción al art. 46 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de Castilla y León:
«Artículo 46. Autorización. 
En el territorio de Castilla y León, corresponderá a los Ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales de acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente, así como establecer los Reglamentos u Ordenanzas reguladoras de esta actividad comercial. 
No obstante lo anterior y puesto que el número de autorizaciones disponibles es limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la duración de las mismas no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. 
El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso. 
La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas que estén especialmente vinculadas con él». 
Asimismo, en el art. 7 del Decreto-Ley comentado se modifican ciertos artículos de la La Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León, para sustituir la autorización por la declaración responsable.
También en el art. 13 del Decreto-Ley citado se modifica la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León, con el fin de sustituir la autorización por comunicaciones. En concreto, en la nueva redacción del art. 27 se dice lo siguiente: 
«Artículo 27. Publicidad en las carreteras. 
1. Se prohíbe toda aquella publicidad que sea visible desde las zonas de dominio público de la carretera, excepto en las travesías de población en las que la publicidad estará sometida a las ordenanzas municipales, debiendo situarse fuera de las zonas de dominio público y sin afectar a la señalización, la iluminación, ni el balizamiento de la carretera. 
La anterior prohibición no dará derecho a indemnización en ningún caso. 
2. No se considerará publicidad a los efectos de la Ley: 
a) La rotulación informativa de las vías. 
b) Los carteles que señalen lugares de interés público no comerciales y con los formatos que se autoricen. 
c) Las indicaciones de orden general que sean de interés para el usuario, tales como la información sobre talleres, restaurantes, comercios, exposiciones, ferias, celebraciones, etc., siempre que no contengan nombres comerciales, que no sean transitorias o que no tengan carácter excepcional. 
d) Los rótulos y marcas comerciales que se dispongan en el edificio o finca en que se desarrolle la actividad anunciada. 
3. En todo caso, para la colocación de cualquier clase de letrero o reclamo de los indicados en el apartado anterior en la franja definida en el apartado 1 de este artículo será preceptiva la autorización del organismo titular de la misma, que atenderá, además de a lo anteriormente expresado, a que las condiciones de forma, tamaño, situación o iluminación no puedan ser perjudiciales para el tráfico. 
4. Como excepción a lo dispuesto en al apartado anterior, los interesados podrán colocar fuera de la zona de dominio público de la carretera los rótulos y marcas comerciales a que se refiere el apartado 2.d) del presente artículo, previa comunicación a la Administración titular de la vía. 
La citada comunicación deberá cursarse con una antelación al menos de un mes de la fecha prevista para la actuación. 
La Administración tendrá un plazo preclusivo de un mes para denegar la actuación comunicada por razones de seguridad vial, sin perjuicio de las potestades administrativas de control y de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder». 
Al margen de la regulación contenida en el Decreto-Ley comentado, en la Disposición final quinta de la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de medidas financieras, se modifica el apartado 1 de la Disposición adicional sexta de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. Dicha reforma hace referencia a la prórroga a la finalización del contrato de los aprovechamientos de cultivo agrícola en montes catalogados de utilidad pública legalmente existentes a la entrada en vigor de esta Ley en los que concurran las circunstancias sociales que motivaron su existencia, previa petición de la entidad propietaria por períodos sucesivos de quince años.

II) NOVEDADES JURISPRUDENCIALES.
La jurisprudencia que se comenta en el presente apartado se corresponde con las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia publicadas por la editorial Aranzadi desde el último informe presentado en noviembre de 2009. En cada una de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia se indica el número de marginal asignado por la citada editorial (Ar.) Además, también se ha añadido la jurisprudencia que la editorial Aranzadi ha incluido en su base de datos electrónica y que aparece con números marginales específicos (JUR.)
Por lo que respecta a la estructura expositiva de las Sentencias se agruparán en los siguientes apartados: los bienes de dominio local (clasificación, titularidad, objeto, fin público, alteración de la calificación jurídica y régimen jurídico); los bienes patrimoniales locales (clasificación y régimen jurídico); adquisición y enajenación del patrimonio local; utilización de los bienes de dominio público y patrimoniales; y régimen de protección de los bienes de las Entidades locales. En cada informe se expondrán las Sentencias que se hayan dictado bajo alguna de las rúbricas que se acaban de indicar.

3) TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.

D) Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

a) Enajenación de bienes patrimoniales: enajenación mediante concurso.
En la STSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, núm 246/2009, de 3 de marzo, JUR\2009\386654, se examinan los criterios para la adjudicación de los bienes en el procedimiento de enajenación de los bienes patrimoniales mediante concurso. Para ello parte de la aplicación del Texto refundido de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas del 2000 que contempla la adjudicación a la oferta más ventajosa. 
En concreto, en la Sentencia se afirma que con arreglo al art. 74.3 en relación con los arts. 85 y siguientes de la citada norma, en el concurso la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto. Conforme a una reiterada jurisprudencia, representada entre otras por las STS, Sala 3ª, de 19 de julio de 2000, rec. 4324/94, y 28 de noviembre de 2000 , rec. 4964/96, la expresión "proposición más ventajosa" es un concepto jurídico indeterminado, para cuya concreción en cada caso la Administración goza de discrecionalidad técnica, y que es controlable su aplicación por parte de los tribunales.
Ese control es realizado en el caso concreto por el Tribunal quien anula la declaración de desierto del concurso para la venta de una de las parcelas, ordenando retrotaer el procedimiento y adjudicar el bien de acuerdo con el pliego de condiciones del concurso, al reunir los ofertantes los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria y, por tanto, no poderse declarar desierto. Por lo que respecta a las otras dos parcelas entiende el Tribunal afirma que partiendo del margen de discrecionalidad técnica quedebe reconocerse a la Administración demandada en la valoración de las proposiciones presentadas, no resulta de lo actuado que el criterio resolutorio de las mismas, fuera arbitrario o irracional, ni apartado de las previsiones de los pliegos de condiciones, en lo que se refiere a las licitaciones de la parcelas

H) Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

a) Prerrogativas administrativas: requisitos para el ejercicio de la potestad de recuperación de oficio.
La STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, núm 132/2009, de 20 de febrero, JUR\2009\188675, se pronuncia sobre las condiciones para el ejercicio de la potestad de recuperación y cuál es el órgano competente para acordar la recuperación de oficio. Sentencia en la que se resume la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
En concreto, en la STSJ de Murcia citada se afirma que constituye doctrina reiterada del Tribunal Supremo recogida entre otras en Sentencia de 13 de febrero de 2006 (con cita de otras muchas como las Sentencias de 22 de noviembre de 1988, 3 de junio de 1985, 1 de diciembre de 1987, 18 de julio de 1988 ) que la viabilidad de la acción administrativa de recuperación posesoria exige una acreditación de la posesión pública del bien y de la perturbación posesoria del mismo. Se ha señalado que la justificación indiciaria de la posesión administrativa resulta incontrovertible (Sentencias de 25 de febrero de 2003 y 13 de enero de 2004 ), o que la acreditación de un efectivo estado posesorio (Sentencia de 25 de abril de 1994 ) es innegable salvo que la demanialidad del bien fuere incontrovertible (Sentencia de 3 de marzo de 2004 ). 
También es preciso en el procedimiento de recuperación de oficio que los bienes municipales se encuentren perfectamente identificados sobre el terreno (Sentencias de 8 de mayo de 1986 y 23 de marzo de 1987 ) pues cuando no hay confusión de límites no es necesario un deslinde previo (Sentencia de 23 de noviembre de 1998 ). Facultad de recuperación de oficio que exige una prueba plena y acabada (Sentencias de 12 de julio de 1982, 20 de julio de 1984, 24 de abril de 1985, 3 de junio de 1985 y 1 de junio de 1988 ). La claridad en la posesión administrativa del bien sobre el que se ejerce aquella facultad ha de ser inequívoca (Sentencias de 22 de mayo de 1985, 12 de diciembre de 1996 y 30 de marzo de 1999 ). 
Exigencias esenciales en razón a que el ejercicio de tal potestad implica un privilegio al resolver la Administración el problema por sí misma sin necesidad de acudir a la tutela judicial expresada a través de la actuación de los Tribunales de Justicia (Sentencias de 23 de marzo de 1999 y de 23 de abril de 2001 ). Por ello no cabe el ejercicio de esta privilegiada acción recuperatoria o de autotutela administrativa cuando la posesión pública no aparezca como inequívoca e indudable, o su dilucidación exija complicados juicios de valor o de ponderación. 
También es doctrina del Tribunal Supremo, sigue diciendo la STSJ de Murcia comentada, la de que (Sentencia de 8 de febrero de 1991 ) la inexistencia de calificación de los caminos existentes en el término municipal, o su no inclusión en el Inventario de Bienes no es óbice para la prosperabilidad de la acción, cuando se acredita su naturaleza pública por otros medios. Todo ello sin olvidar, que todo lo que concierna al dominio y a su reivindicación compete a la jurisdicción civil ante la que se practicará la oportuna prueba acreditativa de la titularidad pública o privada objeto de controversia (entre otras sentencia de 25 de febrero de 2003 ). 
Teniendo en cuenta esta doctrina del TS que cita la STSJ de Murcia, el Tribunal confirma la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, dado que en el caso enjuiciado no está clara la posesión administrativa del bien sobre el que se pretende ejercitar la acción, lo que impide la entrada en juego del principio de autotutela, no siendo suficiente a tal fin las declaraciones testificales, pues queda constancia de que hay dos caminos diferentes, y no existe uniformidad en los testigos respecto de por dónde discurre exactamente.
Y por lo que respecta al órgano competente para acordar la recuperación de oficio, la STSJ de Murcia comentada, siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2008, afirma que el art. 71.2 del Reglamento estatal de Bienes de las Entidades Locales  exige el acuerdo de la Corporación y que los conceptos de Corporación y pleno no pueden asimilarse. Por ello, cuando el Reglamento de Bines exige "acuerdo previo de la Corporación" no está atribuyendo la competencia a un órgano concreto dentro de la Corporación, para lo cual haya que acudir a los arts. 21 y 22 de la L.B.R.L., en el primero de los cuales se atribuyen al Alcalde "aquellas competencias que la legislación del Estado (...) asigne al municipio y no atribuya a otros órganos municipales". (art.o 21-1 -s). Este es el título de atribución a los Alcaldes de la competencia para ordenar la recuperación de oficio de bienes en vía administrativa, y no el del art. 21-1 -k ("el ejercicio de acciones judiciales y administrativas"); el ejercicio de una acción administrativa es cosa distinta a la recuperación de oficio, pues alude necesariamente a la comparecencia ante otras Administraciones en defensa de intereses municipales, sin lo cual no puede decirse que haya "ejercicio de acción administrativa", lo que es distinto al puro ejercicio de potestades municipales (v.g. tributaria, de disciplina urbanística, de seguridad vial, expropiatoria, etc); en todos estos supuestos existe ejercicio de competencias administrativas pero no ejercicio de acciones administrativas
Al margen de la STSJ de Murcia que se acaba de comentar, dicho Tribunal  ha dictado otra Sentencia que versa sobre el ejercicio de la potestad de recuperación de oficio. En concreto, en  la STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, núm 151/2009, de 27 de febrero, JUR\2009\197039, se plantea si con un informe de un arquitecto municipal emitido con fundamento en el planeamiento urbanístico puede decidirse que un camino es público y emitirse un certificado para que se dé de alta en el Inventario de bienes municipales. Dicho certificado es recurrido y el Tribunal entiende que aunque el mismo constituye un acto de trámite constituye uno de los supuestos excepcionales que ley permite recurrir y dado que mediante un certificado y sin más prueba no se puede decidir la titularidad del mismo y después proceder a recuperarlo. Por ello lo anula.
A tal conclusión llega el Tribunal, teniendo en cuenta la práctica de la prueba y que de la misma no se deduce claramente el carácter público o privado del mismo. Así, afirma que se está frente a unos hechos que por su ausencia de claridad impide la entrada en juego del principio de autotutela. Ciertamente el ejercicio de la facultad de recuperación de oficio se encuentra reconocida, sin perjuicio de la acción de quien se crea titular de los bienes sobre los que se ejercita para reivindicarlos ante la jurisdicción civil, pero ello no es óbice para que la Administración se someta a las reglas establecidas en las disposiciones contenidas en la legislación de régimen local. Como expresa la doctrina del Tribunal Supremo no cabe utilizar este procedimiento excepcional cuando son precisos complicados juicios de valor, cuestión que aquí acontece pues es preciso conocer, de manera indubitada, todos los datos que lo identifiquen, por donde transcurre, sin confusión alguna ni debate al respecto. No está, por tanto, clara la posesión administrativa del bien sobre el que pretende ejercitarse la acción y sobre todo ningún procedimiento se ha seguido, por lo que se han vulnerado los más elementales derechos que deben ser reconocidos, como es la audiencia, alegaciones etc. En definitiva, la Sala no puede avalar un acto que en realidad supone incluir un camino, de discutida naturaleza jurídica, en un inventario de bienes públicos municipal, sin estar mínimamente probado siquiera que el uso del mismo sea público. Con ello no cierra el paso a la iniciación de un nuevo expediente de deslinde y recuperación de oficio, ni al ejercicio de otras posibles acciones por el Ayuntamiento con la misma finalidad. Éstas solo estarán condicionadas a que concurran los presupuestos en cada caso exigidos por el ordenamiento jurídico para que el Ayuntamiento pueda atender a su legítimo deseo de defender los intereses generales del Municipio. Lo que está vedado es seguir una vía de hecho, que en alguna medida es lo sucedido en el presente caso. Por eso con el acto impugnado, la Corporación consuma una actuación fáctica, al margen de todo procedimiento, razón por la que es recurrible, y además porque va, sin una explicación que lo justifique, contra los propios actos de la Administración, que estimando las alegaciones de la recurrente, excluyó el camino del inventario en el año 2001, y por tanto entendió que su naturaleza era privada.
.